El gobierno anunció una reducción parcial y transitoria de los Derechos de Exportación sobre los principales cultivos, una medida que busca aliviar la presión sobre el sector agropecuario en un contexto de precios internacionales bajos, condiciones climáticas adversas y un tipo de cambio desfavorable. Si bien la iniciativa demuestra sensibilidad hacia los problemas del agro, la estrategia de abordar la baja de impuestos de manera gradual y fragmentaria plantea serias dudas sobre su eficacia a largo plazo.
Un paliativo insuficiente
La reducción de los Derechos de Exportación es, en el mejor de los casos, un paliativo para los productores. Sin embargo, representa un gran esfuerzo fiscal para la Nación, que debe preservar el equilibrio de sus cuentas públicas. Este enfoque gradualista, que busca reducir impuestos distorsivos a medida que disminuye el gasto público y crece el PBI, enfrenta un desafío mayúsculo: la magnitud de la recaudación que estos impuestos generan.
Según datos del Ministerio de Economía correspondientes a 2024, los impuestos distorsivos más significativos aportan lo siguiente:
- Derechos de Exportación: 1,0% del PBI.
- Impuesto al Cheque: 1,6% del PBI.
- Ingresos Brutos y Sellos: 4,4% del PBI.
Estas cifras evidencian que la reducción parcial de los Derechos de Exportación es apenas un paso mínimo frente al desafío de eliminar todos los impuestos distorsivos. Si esta pequeña baja ya resulta desafiante para las finanzas nacionales, eliminar por completo estos impuestos y avanzar en una reforma integral parece una tarea titánica bajo el enfoque actual.
La paradoja del gradualismo
Uno de los principales problemas del gradualismo es la distribución desigual de los costos y beneficios de la baja de impuestos. Cuando se reducen los Derechos de Exportación, los productores agropecuarios terminan pagando más en otros impuestos, como Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y Sellos. Este efecto se intensifica a medida que la producción aumenta gracias a mejores incentivos para invertir.
Sin embargo, aquí surge una paradoja: mientras que el 100% de la pérdida de recaudación por la baja de los Derechos de Exportación recae sobre la Nación, la mayor parte del aumento en la recaudación de otros impuestos beneficia a las provincias. Estas reciben los incrementos en impuestos coparticipables (como Ganancias e IVA) y en impuestos provinciales (como Ingresos Brutos y Sellos). Esta contradicción inherente al gradualismo hace que el proceso de baja de impuestos sea extremadamente lento y poco eficiente.
Hacia una estrategia integral
Para avanzar de manera más rápida y efectiva en la eliminación de impuestos distorsivos, es necesario adoptar una estrategia integral que involucre tanto a la Nación como a las provincias. Una posible solución sería acordar que los aumentos de recaudación generados por la baja de los Derechos de Exportación se destinen íntegramente a financiar la reducción de impuestos.
Por ejemplo, se podría crear una asignación específica a favor de la Nación, equivalente al aumento de recaudación que genere la baja de los Derechos de Exportación. Esto permitiría a la Nación avanzar más rápido en la eliminación de impuestos distorsivos nacionales. Paralelamente, las provincias deberían comprometerse a utilizar los incrementos en su recaudación para reducir sus propios impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos.
Una oportunidad histórica
Es alentador que varios gobernadores hayan expresado su apoyo a la idea de bajar impuestos. Este consenso representa una oportunidad inédita para impulsar un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las provincias. No es necesario que todas las provincias se sumen; con una mayoría sería suficiente para avanzar en un ordenamiento integral del sistema tributario argentino.
En conclusión, mientras que el gradualismo en la baja de impuestos puede ofrecer alivios temporales, no es la mejor opción para abordar los problemas estructurales del sistema tributario. Una estrategia integral y coordinada entre la Nación y las provincias permitiría avanzar de manera más rápida y eficiente hacia un sistema fiscal más justo y menos distorsivo, beneficiando a todos los sectores de la economía.
Fuente: idesa
