El gobierno provincial denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) amenazas dirigidas a directivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) y al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
Estas intimidaciones ocurrieron tras la desvinculación de empleados involucrados en hechos violentos durante una protesta sindical en noviembre de 2024.
Reestructuración de Assa y conflicto gremial
La administración provincial emprendió un proceso de ordenamiento en Assa, alegando un sobredimensionamiento operativo y señalando una presunta influencia indebida del gremio de Obras Sanitarias. Según el gobierno, la organización sindical habría incorporado personal que no cumplía funciones, aunque percibía altos salarios.
En el marco de esta reestructuración, en lo que va del año fueron despedidos 90 empleados por causas justificadas. Entre las medidas más significativas, se desvinculó a trabajadores que participaron en destrozos durante una movilización sindical el 13 de noviembre. La empresa estimó en 15 millones de pesos los costos de reparación derivados de estos incidentes.
Denuncias de amenazas y conducta del personal
Luego de los despidos, comenzaron a circular mensajes amenazantes vía WhatsApp, algunos con los remitentes identificados. En los mismos se advertía sobre represalias contra las autoridades de Assa y otros funcionarios.
La gerencia de la empresa también tomó medidas adicionales, sancionando a empleados que, además de participar en los actos vandálicos, fueron hallados bajo efectos del alcohol en horario laboral. Otros despidos respondieron a ausencias sin aviso por más de 20 días consecutivos.
Acción judicial y compromiso gubernamental
El gobierno provincial solicitó al MPA que investigue el origen de las amenazas y aplique las sanciones correspondientes a los responsables. Además, se busca enviar un mensaje claro de que estas intimidaciones no detendrán el proceso de transformación en Assa.
La administración reafirmó su compromiso con el personal dispuesto a trabajar bajo las nuevas condiciones, garantizando que el directorio seguirá adelante con el ordenamiento y modernización de la empresa estatal.
Con estas medidas, el gobierno provincial pretende resolver las irregularidades operativas en Assa mientras enfrenta un clima de tensión gremial que incluye hechos de violencia y amenazas. La investigación judicial determinará las responsabilidades correspondientes y definirá el rumbo de este conflicto.
