Ocho imputados forman parte de una banda acusada de desviar armas y municiones del mercado legal al mercado negro. La organización operaba desde 2021 y tenía como destino final a organizaciones criminales como Los Monos.
Una red coordinada para desviar armas al mercado negro
La Justicia imputó a ocho personas por integrar una asociación ilícita que desviaba armas de fuego y municiones desde el mercado legal al ilegal. Según los fiscales Gastón Ávila y Carla Cerliani, esta organización operó entre noviembre de 2021 y octubre de 2024 y abasteció a grupos criminales, incluido el liderado por Luciano «Lucho» Cantero, hijo del fallecido jefe de Los Monos, Claudio «Pájaro» Cantero.
Prisión preventiva para los imputados
La audiencia imputativa, iniciada el 23 de diciembre, concluyó este viernes con prisión preventiva para los acusados. La jueza Melania Carrara ordenó un año de prisión preventiva para Rodrigo S., Lucas P. y Flavio P.; ocho meses para Javier H., Mauricio L. G. y Marcelo Daniel G.; y 30 días para Marcelo L. y Paulo F.
El modus operandi
Los fiscales describieron un esquema organizado: Lucas P. y Rodrigo S., considerados los principales cabecillas, utilizaban sus credenciales como legítimos usuarios registrados en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para adquirir armas de manera legal. Posteriormente, revendían estas armas en el mercado negro a precios que duplicaban su valor original.
Entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, Lucas P. compró al menos 43 armas por más de 29.000 dólares y 7.450 municiones por más de 6 millones de pesos.
El reclutamiento de prestanombres
La banda captaba personas en situación de vulnerabilidad para tramitar credenciales de legítimos usuarios. Lucas P. coordinaba los trámites y cubría los costos, asegurando que estas personas aprobaran los exámenes requeridos, incluso sin cumplir las aptitudes necesarias.
Una vez obtenidas las armas, Javier H. se encargaba de gestionarlas y entregarlas a Lucas P., quien pagaba en efectivo y utilizaba documentos firmados en blanco para encubrir la operación.
El rol de los prestanombres
Federico P., uno de los captados, registró 35 armas de fuego, incluyendo 32 pistolas calibre 9 mm. De forma similar, otros imputados como Armando P., Pablo S. y Alexis M. adquirieron y registraron numerosas armas, desde pistolas semiautomáticas hasta fusiles de alto calibre, todas destinadas al mercado ilegal.
