En un operativo coordinado por la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, el Gobierno de Santa Fe clausuró un predio de compra y venta de autopartes ilegales ubicado en J. Matienzo 3445, en Villa Gobernador Gálvez. Durante el procedimiento, se secuestraron más de 300 vehículos sin justificación de origen ni trazabilidad y alrededor de 100 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. Además, el lugar funcionaba como un depósito ilegal de desechos químicos, generando un impacto ambiental negativo.
El dueño del predio fue detenido, y todo el material incautado quedó bajo custodia de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), según lo dispuesto por la Justicia provincial.
Operativo conjunto y antecedentes
El procedimiento fue encabezado por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, junto al director provincial de Desarmaderos, Gerardo Rodríguez, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal del municipio local.
Sobre el operativo, Figueroa Escauriza aseguró: “Desde el primer día de gestión, buscamos controlar a quienes compran lo robado. Hoy clausuramos un predio ilegal donde había más de 300 vehículos sin justificación de origen ni trazabilidad”.
El funcionario destacó que este operativo se suma a 52 allanamientos realizados en 19 localidades de la provincia durante el primer año de gestión, en un trabajo conjunto con gobiernos locales y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Es fundamental el compromiso de los municipios y la coordinación con las fuerzas policiales para llevar adelante estos trabajos prioritarios, como nos pidió el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia”, agregó.
Destino de los bienes secuestrados
Todos los elementos incautados quedaron bajo el control de la APRAD, una agencia autárquica creada en 2016 por la Ley Nº 13.579. Esta entidad, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, administra y da destino a bienes secuestrados en causas judiciales relacionados con delitos o contravenciones.
En el caso de los vehículos, estos pueden ser reutilizados por instituciones como la Policía, establecimientos penitenciarios, educativos o asistenciales del Estado Provincial. También es posible que sean rematados o compactados.
La APRAD busca garantizar que los bienes incautados tengan un impacto social positivo, promoviendo su uso en beneficio de la comunidad o su reintegración en actividades económicas legales.
Compromiso contra el delito y el impacto ambiental
Este operativo no solo apuntó contra el comercio ilegal de autopartes, sino también contra el impacto ambiental generado por el manejo indebido de materiales. La detección de desechos químicos en el predio clausurado alerta sobre la necesidad de mayor control ambiental en establecimientos irregulares.
El Gobierno de Santa Fe refuerza con estas acciones su compromiso con la seguridad, la transparencia y el respeto por el ambiente, avanzando en una agenda que combina la lucha contra el delito y la construcción de un sistema de gestión eficiente y sustentable.