El Gobierno de Javier Milei anunció que avanzará en la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas nacionales para 2025, como parte de su estrategia de reducción del gasto público y promoción de inversión privada en infraestructura vial.
Inicio del proceso con el “Corredor 18”
El proceso comenzará con la licitación de los tramos correspondientes a las rutas 12 y 14, conocidos como “Corredor 18”, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Estas vías son cruciales para el comercio del Mercosur, conectando Argentina con Brasil y Uruguay.
Actualmente, el concesionario de estas rutas es Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira el 9 de abril de 2025 tras más de 30 años. CRUSA mantiene un juicio contra el Estado por un incumplimiento contractual y el atraso de tarifas, con un reclamo de 300 millones de dólares.
Segunda etapa: más de 8.000 kilómetros en juego
Tras la licitación inicial, el Gobierno prevé lanzar una segunda fase mucho más amplia, que incluirá 8.470 kilómetros actualmente gestionados por Corredores Viales, una empresa estatal. Este tramo también abarcará rutas previamente no concesionadas, como la Ruta Nacional 33 (Santa Fe), la Ruta Nacional 18 (Entre Ríos) y la variante de la Ruta Nacional 19 (Córdoba).
El esquema de licitación estará dividido en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito. La adjudicación se espera para julio de 2025.
Impacto económico y objetivos del plan
La privatización de estas rutas apunta a reducir el déficit fiscal y aliviar las finanzas del Estado, generando un ahorro estimado en más de 5.000 millones de dólares durante los próximos 20 años.
Para los nuevos concesionarios, el negocio incluye la posibilidad de establecer peajes en rutas con alto tránsito. Sin embargo, según expertos del sector, solo 1.000 kilómetros de los 40.000 que conforman la red nacional tienen potencial para generar ingresos significativos mediante peajes, concentrándose en accesos a grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba.
Requisitos para los oferentes
Las empresas interesadas deberán comprometerse a realizar mejoras en las rutas, incluyendo la reparación de baches, señalización, iluminación y reconstrucción de banquinas antes de implementar nuevas tarifas de peaje.
Reacción del sector y desafíos
El plan ha generado interés en constructoras afectadas por el recorte del 95% de la obra pública desde el inicio del gobierno de Milei. Sin embargo, también enfrenta críticas, especialmente por el impacto que podría tener en el costo del transporte y la competitividad regional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya ha solicitado reparaciones urgentes en los tramos del Corredor 18 y expresó preocupación por el estado actual de las rutas.
Hacia un nuevo modelo de gestión vial
El ambicioso programa de privatización marca un cambio significativo en la gestión de infraestructura vial en Argentina. Aunque promete eficiencia y menor carga para el Estado, también plantea interrogantes sobre su implementación, el impacto en los usuarios y las condiciones que deberán cumplir las empresas concesionarias.
