El Gobierno nacional avanza con su plan de privatización y, tal como sucedió en la década del ’90, el sistema ferroviario vuelve a estar en la mira. A través del Decreto 67/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo dieron el primer paso para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.
Un proceso de privatización en marcha
Siguiendo un esquema de desintegración vertical, el decreto establece la separación de las unidades de negocio de la empresa estatal, aplicando distintos mecanismos para su transferencia al sector privado:
- Material rodante: será subastado en un remate público, y los fondos obtenidos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
- Vías e inmuebles aledaños: serán concesionados a través de licitaciones nacionales e internacionales bajo un esquema de obra pública.
- Talleres ferroviarios: también serán concesionados mediante licitación, garantizando su continuidad operativa bajo gestión privada.
- Disolución de la empresa: finalizado el proceso, Belgrano Cargas y Logística S.A. será liquidada, poniendo fin a su administración estatal.
La ejecución de este plan estará a cargo de Luis Caputo, con el respaldo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismo encargado de gestionar las privatizaciones. A diferencia de experiencias previas, el decreto no contempla un programa de propiedad participada ni preferencias para los empleados en la transferencia de activos.
Belgrano Cargas: una empresa clave para la economía
Creada en 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner, Belgrano Cargas unificó la operación de las principales líneas ferroviarias de carga del país: Línea Belgrano, San Martín y General Urquiza. Su red abarca 17 provincias y cumple un rol fundamental en el transporte de granos destinados a la exportación.
Otras privatizaciones en camino
La privatización de Belgrano Cargas es solo una de las que contempla el plan de desregulación económica del Gobierno. La Ley Bases, en su artículo 7, autoriza la privatización de otras empresas estatales, entre ellas:
- Intercargo SAU
- Energía Argentina S.A. (Enarsa)
- Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)
- Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE)
- Corredores Viales S.A.
Con este avance, la administración de Milei refuerza su apuesta por la reducción del Estado y la entrega de servicios estratégicos a manos privadas, en un proceso que rememora la ola de privatizaciones de los años ’90.
