En un intento por combatir la violencia y las actividades ilícitas asociadas a las barras bravas en el fútbol argentino, el Gobierno Nacional avanza con un proyecto de ley que busca catalogar a estas agrupaciones como organizaciones criminales. La medida también apunta a los dirigentes deportivos que mantengan vínculos con estos grupos, endureciendo las sanciones legales para frenar su poder e influencia.
Objetivo del proyecto
El propósito de la normativa es endurecer las penas contra las barras bravas y los actores que las habilitan o respaldan, incluyendo dirigentes y organizadores de eventos deportivos. Según fuentes de Casa Rosada, el enfoque está en reducir su capacidad de operar con impunidad tanto dentro como fuera de los estadios.
Entre los objetivos principales destacan:
- Cortar las fuentes de financiamiento de las barras bravas.
- Evitar la connivencia de dirigentes deportivos con estas organizaciones.
- Eliminar el control territorial y financiero que ejercen los barras en las inmediaciones de los estadios.
Detalles del proyecto
El texto en revisión incluye varias medidas específicas:
- Penas de prisión más duras:
- Entre dos y cuatro años para quienes permitan el ingreso de armas a los estadios.
- La misma sanción se aplicará a quienes faciliten el acceso de personas con antecedentes penales o participen en la reventa de entradas.
- Sanciones a dirigentes deportivos:
- Los dirigentes que colaboren entregando entradas o manteniendo vínculos con barras bravas podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
- Prohibición administrativa de ingreso a estadios:
- Se busca facultar a las autoridades para inhabilitar el acceso a los estadios de personas imputadas por delitos, incluso si no cuentan con una sentencia firme.
- Acciones contra los “trapitos”:
- El control de estacionamientos en las inmediaciones de los estadios por parte de barras será considerado una actividad delictiva, castigada penalmente.
Impacto esperado
Desde el oficialismo se sostiene que esta iniciativa busca cerrar las brechas legales que han permitido a las barras bravas actuar sin mayores consecuencias durante años. Además, busca generar un marco de responsabilidad para los clubes y organizadores, quienes serán responsables de garantizar la seguridad de los estadios.
Un paso clave en la lucha contra la violencia
Esta nueva normativa llega en un contexto donde las barras bravas han expandido su influencia más allá del fútbol, involucrándose en actividades como extorsiones, amenazas y control ilegal de áreas comerciales. El proyecto se presenta como una herramienta para combatir no solo la violencia en los estadios, sino también las prácticas ilegales que financian a estas organizaciones.
El debate legislativo que se espera en los próximos meses será fundamental para determinar si el Gobierno logra consolidar esta medida como parte de su estrategia de seguridad pública.
