El Gobierno de Salta, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, anunció la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia, específicamente en la localidad de Aguas Blancas. Esta medida busca combatir el contrabando, la trata de personas y otros delitos en esta zona crítica, marcada por el paso irregular de personas. El plan forma parte del “Plan Güemes”, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas, explicó que la cerca será instalada entre la terminal de buses y el puerto de Chalanas. La obra obligará a quienes cruzan la frontera a pasar por los controles migratorios oficiales. Zigarán destacó que el objetivo es “cerrar el paso irregular y reforzar la seguridad en el área”. Este lunes se firmará el convenio para iniciar los trabajos.
Respaldo oficial y tensiones con Bolivia
El anuncio generó un fuerte respaldo del Gobierno Nacional. Bullrich destacó en redes sociales que la medida es una herramienta clave para “proteger a los argentinos del narcotráfico” y “poner fin al caos” en la zona. Según el comunicado oficial, antes del Plan Güemes, el cruce en Aguas Blancas era “tierra de nadie”, con altos niveles de contrabando y descontrol.
Por su parte, el Gobierno boliviano expresó una postura crítica hacia la medida, calificándola como una acción unilateral que podría afectar las relaciones bilaterales. Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, se manifestó que “los temas fronterizos deben ser tratados a través de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas”.
La cancillería boliviana advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. Asimismo, expresó que solicitará información oficial al Gobierno argentino mediante canales diplomáticos y reafirmó su compromiso con el diálogo constructivo como única vía para resolver este tipo de conflictos.
Funcionarios bolivianos también han señalado que la construcción del alambrado podría tener impactos negativos en las comunidades fronterizas que históricamente han mantenido intercambios culturales y comerciales. Este tipo de medidas, según indicaron, no solo afecta la convivencia pacífica, sino que también podría perjudicar la economía local de Bermejo, donde una parte significativa de los ingresos proviene del intercambio con la localidad argentina de Aguas Blancas.
Además, en los últimos meses, la relación entre Bolivia y Argentina ha atravesado tensiones debido a declaraciones previas de Patricia Bullrich sobre la supuesta presencia de grupos armados iraníes en territorio boliviano cerca de la frontera. Estas afirmaciones, que generaron malestar en el Gobierno de Luis Arce, se suman ahora al descontento por la instalación del cerco fronterizo.
Gustavo Sáenz defiende la decisión
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió la medida y rechazó las críticas de Bolivia. “Estamos en nuestra casa, tomamos decisiones dentro de nuestro territorio sin afectar la soberanía de nadie”, afirmó en declaraciones a la prensa. Sáenz también subrayó que, además de combatir el narcotráfico, la medida busca regularizar el flujo migratorio, señalando que algunos cruces irregulares están vinculados con el cobro de beneficios sociales en Argentina.
“Cruzan, cobran planes sociales y después se vuelven”.
Gustavo Sáenz – Gobernador de Salta
Mientras el Gobierno argentino avanza con la implementación del alambrado, el rechazo boliviano evidencia una creciente tensión diplomática en una región donde el intercambio cultural y económico depende en gran medida de una frontera fluida. Bolivia ha reafirmado su postura de mantener el diálogo como la mejor herramienta para resolver conflictos y anunció que continuará observando de cerca los avances en la implementación de esta medida, la cual sigue generando debate tanto a nivel local como internacional.
